Ahora que se acercan las elecciones, otra vez, y después de no sé cuantos meses en campaña, propongo mi propio programa electoral. Yo no me pienso presentar a las elecciones, pero estoy dispuesta a votar a cualquier partido que proponga un programa así. Algunas de las propuestas las he copiado de la página de DRY, que ya tenía muy bien redactadas ideas que también se me habían ocurrido a mí. El sentido común, por fortuna, no es exclusivo de unos pocos. Otras propuestas, en los tiempos que corren, pueden parecer radicales y utópicas pero a mí me parecen naturales; y con un poco de buena voluntad por parte de todos, factibles.
Y aunque no lo parezca, no me declaro ni comunista ni socialista. De hecho me declaro como ideológicamente "nadaísta". Simplemente soy partidaria de la justicia social.
Ahí van pues:
1. Democracia participativa
1.1. Nueva ley electoral
1.1.1.
Elección directa y por circunscripciones de
representantes al Parlamento (no por listas cerradas de partidos)
1.1.2.
Modificación
de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional
que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto
en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
1.1.3.
Establecimiento
de mínimos de participación en elecciones y referéndums para que el voto y la
representación sean realmente significativos.
1.1.4.
Abolición
del Senado en su estado actual, o modificación de su función para que agilizar
la aprobación y aplicación de leyes.
1.1.5.
Supresión
de cualquier financiación estatal con dinero público de los contribuyentes a
partidos políticos y sindicatos. En una “democracia” consolidada como la
nuestra, ya no caben este tipo de ayudas.
1.1.6.
Estricto control
de la financiación procedente de fondos privados a partidos políticos y
sindicatos
1.2.
Referéndums
obligatorios y vinculantes
1.2.1.
para toda
introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
1.2.2.
para las cuestiones de gran calado
que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
1.2.3.
para cualquier reforma
constitucional
1.3.
Establecimiento de mecanismos
efectivos y rápidos para poder exigir la dimisión o destitución de los
representantes del pueblo en el Parlamento en casos de incumplimiento de
obligaciones, corrupción, fraude, etc.
1.4.
Establecimiento de mecanismos
rápidos y eficaces para poder hacer llegar al Parlamento las propuestas e
iniciativas populares, aunque éstas no se hayan incluido antes en ningún
programa electoral
2. Transparencia informativa del gobierno a
todos los niveles
2.1.
Obligatoriedad de hacer públicos presupuestos y
cuentas del estado, autonomías, diputaciones, ayuntamientos, etc. . El dinero
que se gasta es el dinero de los
ciudadanos, y los contribuyentes tenemos todo el derecho de saber en todo
momento cómo se gasta el dinero de nuestros impuestos.
2.2.
Supresión de cualquier cláusula de secretismo en
todos los aspectos del funcionamiento del Estado y de los gobiernos locales.
Actas de consejo de ministros, actas de sesiones parlamentarias, comisiones,
etc. deben estar a disposición de quien quiera leerlas. Los Parlamentarios,
ministros, alcaldes, concejales, consejeros, etc, además de cualquier cargo
electo, trabajan para los ciudadanos y,
por lo tanto, no deberían tener secretos para ellos.
3. Eliminación
de los privilegios de la clase política y control de la corrupción
3.1.
Control estricto del absentismo de
los cargos electos en sus respectivos puestos.
3.2.
Sanciones específicas por dejación de
funciones.
3.3.
Supresión de los privilegios en
el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones.
3.4.
Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio
español más las dietas necesarias
indispensables para el ejercicio de sus funciones.
3.5.
Equiparación de las pensiones y
compensaciones por desempleo de todos los cargos políticos a las pensiones y compensaciones del resto de
los ciudadanos.
3.6.
Eliminación de la inmunidad asociada
al cargo.
3.7.
Imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción.
3.8.
Publicación obligatoria del
patrimonio de todos los cargos públicos.
3.9.
Reducción de los cargos de libre
designación.
3.10.
Supresión de coches oficiales para cualquier
cargo público estatal, autonómico o municipal, salvo el presidente del
gobierno, el de las Cortes y los ministros en activo; obligatoriedad de viajar
en transporte público en clase económica, en caso de necesidad absoluta de
viajar, de cualquier cargo político.
3.11.
Control de las modificiaciones
patrimoniales de los cargos públicos y electos durante el período en el cargo.
4. Libertades ciudadanas:
4.1.
No al
control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
4.2.
Protección
de la libertad de información y del periodismo de investigación.
4.3.
Independencia
del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar
su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y
del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
5. Economía
y finanzas
5.1.
Control de
las entidades bancarias
5.1.1.
En
adelante, el Estado no rescatará ni inyectará capital a entidades bancarias. Las entidades privadas deben
responsabilizarse de su propia gestión. El Estado ejercerá control constante y
continuado para evitar cualquier pérdida a los clientes de las entidades.
5.1.2.
Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional
al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión. Los
directivos responsables de la mala gestión deberán responder por su gestión
ante la justicia, ser sancionados y cumplirá la sanción establecida por el
tribunal
5.1.3.
Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital
público aportado.
5.1.4.
Control de la salida de los fondos de los bancos españoles hacia paraísos
fiscales. Penalización en caso de hacerlo.
5.1.5.
Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis
bancaria.
5.2.
Recuperación de la banca pública bajo control del Estado y del Banco de
España. Los gestores de la banca pública no serán cargos políticos, sino
personas capacitadas para dicho empleo.
6. Fiscalidad:
6.1.
Aumento del tipo impositivo a las
grandes fortunas, entidades bancarias y a cualquier empresa con grandes
beneficios.
6.2.
Eliminación de las SICAV.
6.3.
Recuperación del Impuesto sobre el
Patrimonio.
6.4.
Recuperación del impuesto de sucesión
en el caso de las grandes fortunas y patrimonios.
6.5.
Control real y efectivo del fraude
fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
6.6.
Promoción a nivel internacional de la
adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).
6.7.
Aplicación de impuesto de lujo a
partir de la segunda residencia, del tercer vehículo por familia, y del segundo
yate, y a otro tipo de artículos de lujo e innecesarios.
6.8.
Incremento de los impuestos en
combustibles fósiles para uso en vehículos privados de uso privado.
7. Servicios públicos
7.1.
Recuperación de todos los servicios
públicos antes gestionados por el Estado: sanidad gratis, educación obligatoria
y secundaria gratis, transportes, correos, suministros de energía, agua
potable, gas para el hogar y telefonía fija. Sin detrimento de la existencia de
empresas privadas que ofrezcan los mismos servicios.
7.2.
Supresión de gastos inútiles en las
Administraciones Públicas: campañas promocionales de obras públicas y subvenciones
a proyectos de dudosa utilidad, entre otros.
7.3.
Establecimiento de un control
independiente de presupuestos y gastos.
7.4.
Contratación de personal sanitario
hasta acabar con las listas de espera.
7.5.
Contratación de profesorado para
garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de
apoyo.
7.6.
Reducción del coste de matrícula
en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al
de los grados.
7.7.
Financiación pública de la
investigación para garantizar su independencia.
7.8.
Transporte público barato, de calidad
y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están
sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los
abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de
las ciudades, construcción de carriles bici.
7.9.
Recursos sociales locales: aplicación
efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales,
servicios locales de mediación y tutelaje.
8. Contra el desempleo
8.1.
Reparto del trabajo fomentando las
reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo
estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
8.2.
Jubilación a los 65 y
ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo
juvenil.
8.3.
Bonificaciones para aquellas empresas
con menos de un 10% de contratación temporal.
8.4.
Seguridad en el empleo: imposibilidad
de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras
haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no
cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
8.5.
Control de la gestión de las grandes
empresas para impedir que la mala gestión redunde en despidos masivos
justificados por supuestas “pérdidas”.
8.6.
Restablecimiento del subsidio de
426€ para todos los parados de larga duración.
8.7.
Obligatoriedad de las grandes
empresas de reinvertir un tanto por ciento de beneficios en la mejora de la
empresa, en el aumento de salarios, en nuevos empleos y en un fondo de
garantías en caso de crisis de la empresa.
8.8.
Penalización a las empresas que
externalicen o deslocalicen sus servicios en países extranjeros.
9. Medidas temporales para salir de la
crisis
9.1.
“Expropiación temporal” de cualquier
beneficio, fondos o activos dinerarios
durmientes de las grandes fortunas para
financiar los gastos sociales y contribuir a la creación de empleo. Si se
expropian terrenos y propiedades para construir AVE s o centros de dudosa
utilidad, ¿por qué no expropiar temporalmente activos financieros que no se
utilizan para reconstruir el país? Los activos dinerarios de dicha
“expropiación temporal” serían devueltos
más tarde, con intereses moderados, y los
particulares o empresas “expropiados”, recompensados más tarde con beneficios
fiscales y futuras ayudas en tiempos de bonanza.
9.2.
Fomento del consumo de productos
fabricados en el país, para impulsar la economía local, mediante tasas y la
recuperación temporal de un alto “impuesto de importación” en los productos
procedentes de países ajenos a la UE.
9.3.
Control de gastos del Estado
9.3.1.
Supresión de cualquier tipo de
subvención, ayuda a proyectos que no sean de utilidad inmediata para la
recuperación económica del país
9.3.2.
Supresión de cualquier tipo de ayuda
de cooperación al desarrollo de otros países que no contribuya directamente a
la mejora a largo plazo de las infraestructuras locales de desarrollo y
educación.
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